20 días aún dan para alguna traca más.

Hace exactamente dos años tuvimos conocimiento del anteproyecto de Ley Sinde. Gran parte de la ciudadanía señaló de inmediato su rechazo en las redes a través del #manifiesto por los derechos fundamentales en Internet. En estos 24 meses el debate social sobre esta iniciativa ha sido intenso y ha aglutinado a ciudadanos y organizaciones preocupados por la merma de derechos y libertades. Ahora, pocos días después de haber sido deslegitimado por las urnas, un gobierno moribundo pretende aprobar el reglamento que desarrolla esta ley en abierta connivencia con el gobierno entrante.

La Ley Sinde tendrá numerosos efectos indeseados: al introducir una fuerte inseguridad jurídica en la regulación de Internet, se dificulta gravemente la actividad de los emprendedores tecnológicos que el Partido Popular pretende que contribuyan a reactivar la economía. La redacción de la Ley Sinde señala claramente que se aplica a todos los servicios de la sociedad de la información; no deben confundirnos los mensajes que afirman que su única razón es la de cerrar webs de descargas. Nada es peor para el crecimiento de un mercado que la inseguridad de no saber si al día siguiente un negocio puede ser cerrado por la aplicación arbitraria de una norma en manos del gobierno de turno.

El panorama de la propiedad intelectual en nuestro país es atroz: la Embajada de los Estados Unidos ha impuesto la aprobación de la Ley Sinde, el canon digital a empresas y administraciones fue declarado ilegal por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea pero tras año y medio se sigue pagando, los antiguos dirigentes de la SGAE -siempre defendida por el Ministerio de Cultura- se hallan imputados en la Audiencia Nacional por el saqueo generalizado del dinero de los autores. Este panorama cuadra con el general: una corrupción política extendida y no censurada en las urnas, unida a la subordinación de la democracia a los intereses de unos pocos con nombres y apellidos a los que sin embargo se les llama “mercados”.

Sólo con inteligencia, diálogo y trabajo se pueden resolver los actuales retos de la propiedad intelectual y comenzar a construir una salida a la preocupante situación económica actual. Como el Tribunal Europeo de Justicia, entendemos que la tensión entre la propiedad intelectual y la libertad de empresa, el derecho a la privacidad y el derecho a recibir o emitir información ha de resolverse en favor de estos tres últimos derechos. Será la única manera de crear riqueza y de mantener las libertades que tanto ha costado conseguir.

Frente a la arbitrariedad, la defensa histórica de la ciudadanía ha consistido en asegurar la garantía de los derechos fundamentales sustrayéndolos de la política, esto es, de los poderes de la mayoría y del mercado: se trata de derechos inviolables, indisponibles e inalienables.

Los gobiernos van y vienen. La red resiste.

Rubalcaba ha anunciado hoy su intención, si gana, si le votan, si vende su moto,  es decir que se plantea llevar en el programa del PSOE  la bajada del IVA de los libros electrónicos del 18 al 4%, algo que deberían haber hecho ya, en lugar de usarlo como promesa de relleno en campaña.

La subasta de promesas empezó hace tiempo, pero a partir de ahora  las ofertas para captar el voto se van a volver cada vez más irresistibles.

Mientras tanto habrá ciudadanos que sigan soñando con el día en el que que los votantes sean los verdaderos redactores de los programas electorales.

Últimas viñetas en Euribor y lainformacion

La reforma de la Constitución y los recortes en educación en  Madrid, Galicia, Castilla La Mancha y Navarra ocuparon gran parte de las discusiones.

La precariedad en el ADN, la decisión de Trabajo de permitir que se encadenen contratos temporales durante dos años ha sido otro tema simpático de la semana.

Por último, las directoras de campaña de PSOE y PP anunciaron un acuerdo para no  bombardear con carteles y demás parafernalia propagandística hasta el inicio de la campaña electoral del 20-N.

Es decir, que una vez más, se autoregalan un trofeo y se felicitan por anunciar que van a hacer lo que deben hacer, demagogia en campaña eterna.

Incertidumbre de los mercados.

Es el nuevo que viene el coco, la frase  comodín que justifica todo y que no hace falta explicar.

El PSOE considera que convocar un referéndum transmitiría “incertidumbre” ante los mercados, con este razonamiento se puede pensar que la reforma es un capricho de los mercados y se hace pensando en ellos.

Y el viernes PP, PSOE,  y quién se arrime, aprobarán por la vía de urgencia la reforma de la Constitución para limitar el déficit público, pero sin la opinión y/o participación del público.

Por la siguiente regla de tres se puede concluir que votar, decidir, eso inexistente de la participación ciudadana o celebrar consulta popular se descarta en virtud  de las turbulencias de los mercados (versión etimológicamente más violenta de “la incertidumbre de los mercados”), como un estado de excepción económico.

Llegados a este punto, entiendo que lo que nos dicen es que  los ciudadanos no somos los mercados.

Somatízelo, que usted de estas cosas económicas no entiende, tenga la certidumbre. Su obligación como contribuyente  es quejarse al tiempo que intenta enterarse de cómo afectará esto a su vida cotidiana.

Pedir políticas sociales es ser antisistema y pretender votar más de la cuenta es anticonstitucional.

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Dilatación