Presunto pobre

Presunto pobre

Viñeta del 03/10/2018 en CTXT

Lo contaba El País el pasado 2 de octubre, la Comunidad de Madrid exige saber cuánto ganan los mendigos para descontarlo de sus ayudas. El Gobierno regional pide a los solicitantes de la RMI (Renta Mínima de Inserción) una declaración jurada de sus ingresos en la calle.

El País asegura que, según un documento consultado, con fecha de 20 de agosto, que la Dirección General de Servicios Sociales le da a un mendigo un plazo de 10 días para que cuantifique sus ingresos mensuales.

La Comunidad de Madrid lo niega y asegura que no se habla de la mendicidad, ya que pedir dinero en la calle no es ninguna actividad económica.

Desde la Consejería de Asuntos Sociales matizan que en el decreto de 2014 que fija las condiciones para conceder la RMI -e incluso en la ley anterior a este decreto- se establece que hay que preguntar a los solicitantes si realizan actividades económicas a las que dediquen varias horas al día y por las que obtengan beneficios, tales como la venta de chatarra o la venta ambulante.

Viñeta de 2011

Ahora me quedo con la duda de saber si es una paradoja absurda más del laberinto burocrático y sólo se trató de un error surrealista en el trámite rutinario que debe seguir cualquier persona, sea mendigo o no, y en el que no se pregunta por la situación económica para iniciar la gestión. Aunque también es probable que sea una forma retorcida más de disuadir a los que no tienen nada para que no soliciten las ayudas o para ahorrarse parte de la pasta de las partidas dedicadas a  la RMI.

Intento no creer en la cabronía de la administración cuando de ayudar al más desafavorecido se trata, pero siempre lo han puesto muy difícil. Los que deberían trabajar para atajar la pobreza se salvan de ser apedreados porque la economía sumergida, tolerada por despiste, mantiene ese equilibrio hipócrita que permite que la sociedad no reviente.

 

Patologías rentables

Viñeta del 06/06/18 en CTXT

Cada año repiten la misma canción: “son los presupuestos más sociales de la historia“.

Haga usted la prueba, busque la frasecita en distintos años y encontrará esta misma afirmación hecha por representantes de gobiernos autonómicos, diputaciones, ayuntamientos y, por supuesto, del gobierno de la nación de turno.

Con tanto presupuesto social histórico, hace décadas que deberíamos estar flotando en el estado de bienestar más extremo y placentero.

Esto es gracias a medidas pensadas para el ciudadano, como la que aparece en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2018 que contempla una reducción del tipo aplicable a los ingresos netos del juego online.

Las empresas que se dedican a los juegos de azar y las apuestas por internet pasan de pagar un Impuesto sobre Actividades del Juego del 25% al 20% en todo el territorio, excepto en Ceuta y Melilla, donde la bonificación es todavía mayor, allí el impuesto baja hasta el 10% de los ingresos netos. (Fuente)

Se supone que la coartada para este arreglillo es “lograr una mayor atracción” de estas actividades a la legalidad. Es decir, en lugar de endurecer las inspecciones y sanciones a los piratas, estafadores y defraudadores, sale más barato y rentable premiar a todo el gremio con una bajada de impuestos gorda y de paso establecer un paraíso fiscal del juego en Ceuta y Melilla como alternativa al de Gibraltar.

Lobby popular

Tampoco hay que pasar por algo la antigua relación de Rafael Catalá Polo, ministro de justicia, con la empresa de juegos de azar CODERE S.A,  de la que fue secretario general desde 2005 a 2011  y del que aseguran que fue el que abrió las puertas de la empresa de juego CODERE a Equipo Económico, antes Montoro y Asociados.

Equipo Económico es una empresa que ofrece servicios profesionales de asesoramiento. Su fundador y presidente ejecutivo es Ricardo Martínez Rico, que ocupó distintos cargos en los Ministerios de Economía y Hacienda durante la última etapa de Aznar, cuando era ministro y hombre de confianza de Cristóbal Montoro. Por algo éste le nombró en 2003 secretario de Estado de Presupuestos y Gastos.

Cuando el PP volvió al poder en 2011 y Montoro volvió a Hacienda repitiendo como ministro, con su colega Ricardo al frente de la asesoría, optó por nombrar a su hermano, Felipe Martínez Rico, como jefe de gabinete.

En 2017, Equipo Económico, refugio para afines del PP,  que algunos señalaban como un “lobby” fue  denunciado por Anticorrupción e investigado por varios delitos, entre ellos los de prevaricación y tráfico de influencias.

 

Un montón de documentales sobre dibujantes